Adriana Contreras, trabajadora autoconvocada de la salud que comenzó una huelga de hambre el pasado jueves, resumió la actitud del gobierno ante la disputa que encabeza la lista de preocupaciones de los trabajadores de la salud, en una sola frase: “Cada vez dilatan más la posibilidad de diálogo”.
Comentó que un agravante de la situación fue la indignación que sintió el miércoles pasado cuando intentaban ingresar a la Casa de la Gobierno para llevar adelante la audiencia pactada. Rescató que sólo los recibían en el hall de entrada, lugar donde intentaron explicar la postura del gobierno. “Eso no fue una audiencia”, comentó Adriana.
Además indicó que la persona que actuó como mediador ese día, el presidente del Consejo Médico, no puede representar al movimiento. Tampoco el Colegio de Médicos ni la Asociación de Trabajadores de la Salud “porque la situación de diálogo de ellos con nosotros está quebrada”. Dijo que nunca se interiorizaron de la situación de la salud pública, y la posibilidad de reuniones han estado siempre limitadas y condicionadas por la postura del gobierno. Adriana Contreras está afiliada a la Asociación.
Esta instrumentadora quirúrgica, con 18 años de servicio, comenzó con su huelga de hambre porque cree que es una situación límite y drástica que debería sensibilizar a las autoridades. Destacó que este modo de protesta y llamado de atención “es un antecedente que sabe, por las comunicaciones que tiene a nivel nacional, que sorprende porque un empleado de salud jamás había tomado esta determinación. “Nunca ha habido situaciones tan graves para llegar a esta medida”, agregó.
Con respecto a la actitud del gobierno aclaró que los convoca con varias restricciones, por ejemplo, no permite que formen parte de la mesa de diálogo varios dirigentes. Exigen que los participantes sólo sean profesionales médicos y “no es así porque somos un movimiento y estamos en una situación de crisis que involucra a todos los empleados de salud”. Ante esta situación los autoconvocados solicitan el permiso para dialogar con el gobierno a sus 13 representantes sin condicionamientos.
Hizo notar que su principal preocupación en los planteamientos y exigencias para comenzar con el consenso, es la reincorporación de los trabajadores que han sido cesanteados y a quienes no se les ha renovado el contrato de locación por estar implicados en las manifestaciones. Justificó la medida al sostener quee “es inconstitucional porque expresarse es un derecho del trabajador y del ciudadano”.
Por eso el primer punto de reclamo menciona terminar con la manipulación de los empleados de la salud (persecuciones, traslados y amenazas) como consecuencia de la movilización.
“Tenemos muchísimos contratos que han sido rescindidos: seis o siete en Añatuya, aquí en Capital, en La Banda. El caso de Añatuya sobre todo es especial porque de dos ginecólogos uno queda cesante, de dos cirujanos uno queda cesante, y de esa forma impiden que, aún ese médico que queda por especialidad, pueda hacer algo porque sólo no puede operar. Entonces son incoherentes las medidas que toman, están perjudicando a la población dejándola sin atención médica”, comentó Adriana, agregando que a ellos, los trabajadores, los tienen “cautivos de esta situación”.
Hizo mención al director del Regional, Gerardo Montenegro: “La falta de compromiso es tal que ni siquiera cumple su función en el establecimiento donde ha sido nombrado como director. Ya son dos jornadas que sabemos que no viene a cumplir su función aquí. Tampoco los cargos de Jefes de servicio han sido cubiertos. Entonces cómo hace el personal del plantel de médicos, de enfermería, de mucamas, de portería y de las guardias para dar línea a alguna necesidad del Hospital. Aquí se necesita que las cabezas estén establecidas para tomar decisiones. Es gravísimo porque entran en una situación de legalidad tal en contra del paciente. Y los exponen a los profesionales que no tienen autoridad para tomar determinadas decisiones”.
Se refirió al ministro de Salud, Luis César Martínez, reclamando que no los cobija ni ampara, y que tampoco actúa como mediador; los manifestantes no obtuvieron respuestas favorables al respaldarse y argumentar sus pedidos como personal dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En una oportunidad, en un encuentro accidental que tuvieron, el funcionario dijo que el conflicto no le corresponde. Explicó que deberá tratarse con el Ministerio de Economía, o directamente con el Ejecutivo.
Ante la pregunta de cómo influye este conflicto en la actividad de los trabajadores de la salud privada, respondió que gran parte de los trabajadores de la salud pública también ocupan cargos en el ámbito privado. Explicó que los ánimos de los profesionales (médicos, kinesiólogos, psicólogos, enfermeros, técnicos) están siendo afectados y resentidos por el conflicto que atraviesa la salud.
Agregó además que el ámbito privado ya estuvo obrando con irregularidades, ya que el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial, entidad que depende también del gobierno, fue víctima de incumplimientos gubernamentales. En el pago de los honorarios a los médicos ya tienen varios meses de retraso.
Comentó del apoyo que recibe de sus familiares, de sus colegas y pacientes del establecimiento. Se refirió a sus hijos: “Preferirían que no haya tomado esta medida pero saben que el motivo es totalmente valedero y respetan mi decisión”.
“Confesó tener compañeros de trabajo que manifestaron su respaldo alegando que si la situación no se normalizaba en la semana, se adherirían a la huelga de hambre.”Tampoco es la intención, no es la idea crear una cadena manifestante para que seamos más y nos escuchen. Una huelga de hambre debería ser suficiente para que el gobierno se sensibilice por lo menos”, rescató Adriana.
Cuando se le preguntó acerca del apoyo de 0la sociedad contestó que “a veces la población no tiene conocimiento de muchas otras situaciones. No hay suficiente cantidad en profesionales que reemplacen a estos profesionales. No es que no quieran trabajar, sino que pedimos mejoras en las condiciones de trabajo. Porque nosotros no estamos solamente reclamando mejoras salariales, sino también tiene que ver con todas las condiciones, la precariedad de atención que hay”.
Los autoconvocados aspiran a crear una cadena de correos electrónicos y a través de los mensajes de textos, porque no toda la gente tiene acceso al internet. “Se ha creado una gran movida en todo el país. Yo estoy recibiendo llamadas de gente de otras provincias”, expresó.
Otro recurso que se está utilizando desde hace varios meses para informar es la huelga. “Entregamos panfletos en los que explicamos cuáles son nuestros motivos y cuál es la realidad de la salud pública. Más del 60 por ciento de la población de Santiago necesita del servicio”.
“Hay mucho miedo, sobre todo la gente tiene miedo de hablar. Por eso mi decisión de hacer esta huelga de hambre, para que la gente sepa que no debe tener miedo. Esta es una manera de enseñarles a las generaciones futuras que se sientan con derecho de expresar y de pelear por sus derechos como trabajadores y como ciudadanos”.
Comentó que un agravante de la situación fue la indignación que sintió el miércoles pasado cuando intentaban ingresar a la Casa de la Gobierno para llevar adelante la audiencia pactada. Rescató que sólo los recibían en el hall de entrada, lugar donde intentaron explicar la postura del gobierno. “Eso no fue una audiencia”, comentó Adriana.
Además indicó que la persona que actuó como mediador ese día, el presidente del Consejo Médico, no puede representar al movimiento. Tampoco el Colegio de Médicos ni la Asociación de Trabajadores de la Salud “porque la situación de diálogo de ellos con nosotros está quebrada”. Dijo que nunca se interiorizaron de la situación de la salud pública, y la posibilidad de reuniones han estado siempre limitadas y condicionadas por la postura del gobierno. Adriana Contreras está afiliada a la Asociación.
Esta instrumentadora quirúrgica, con 18 años de servicio, comenzó con su huelga de hambre porque cree que es una situación límite y drástica que debería sensibilizar a las autoridades. Destacó que este modo de protesta y llamado de atención “es un antecedente que sabe, por las comunicaciones que tiene a nivel nacional, que sorprende porque un empleado de salud jamás había tomado esta determinación. “Nunca ha habido situaciones tan graves para llegar a esta medida”, agregó.
Con respecto a la actitud del gobierno aclaró que los convoca con varias restricciones, por ejemplo, no permite que formen parte de la mesa de diálogo varios dirigentes. Exigen que los participantes sólo sean profesionales médicos y “no es así porque somos un movimiento y estamos en una situación de crisis que involucra a todos los empleados de salud”. Ante esta situación los autoconvocados solicitan el permiso para dialogar con el gobierno a sus 13 representantes sin condicionamientos.
Hizo notar que su principal preocupación en los planteamientos y exigencias para comenzar con el consenso, es la reincorporación de los trabajadores que han sido cesanteados y a quienes no se les ha renovado el contrato de locación por estar implicados en las manifestaciones. Justificó la medida al sostener quee “es inconstitucional porque expresarse es un derecho del trabajador y del ciudadano”.
Por eso el primer punto de reclamo menciona terminar con la manipulación de los empleados de la salud (persecuciones, traslados y amenazas) como consecuencia de la movilización.
“Tenemos muchísimos contratos que han sido rescindidos: seis o siete en Añatuya, aquí en Capital, en La Banda. El caso de Añatuya sobre todo es especial porque de dos ginecólogos uno queda cesante, de dos cirujanos uno queda cesante, y de esa forma impiden que, aún ese médico que queda por especialidad, pueda hacer algo porque sólo no puede operar. Entonces son incoherentes las medidas que toman, están perjudicando a la población dejándola sin atención médica”, comentó Adriana, agregando que a ellos, los trabajadores, los tienen “cautivos de esta situación”.
Hizo mención al director del Regional, Gerardo Montenegro: “La falta de compromiso es tal que ni siquiera cumple su función en el establecimiento donde ha sido nombrado como director. Ya son dos jornadas que sabemos que no viene a cumplir su función aquí. Tampoco los cargos de Jefes de servicio han sido cubiertos. Entonces cómo hace el personal del plantel de médicos, de enfermería, de mucamas, de portería y de las guardias para dar línea a alguna necesidad del Hospital. Aquí se necesita que las cabezas estén establecidas para tomar decisiones. Es gravísimo porque entran en una situación de legalidad tal en contra del paciente. Y los exponen a los profesionales que no tienen autoridad para tomar determinadas decisiones”.
Se refirió al ministro de Salud, Luis César Martínez, reclamando que no los cobija ni ampara, y que tampoco actúa como mediador; los manifestantes no obtuvieron respuestas favorables al respaldarse y argumentar sus pedidos como personal dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En una oportunidad, en un encuentro accidental que tuvieron, el funcionario dijo que el conflicto no le corresponde. Explicó que deberá tratarse con el Ministerio de Economía, o directamente con el Ejecutivo.
Ante la pregunta de cómo influye este conflicto en la actividad de los trabajadores de la salud privada, respondió que gran parte de los trabajadores de la salud pública también ocupan cargos en el ámbito privado. Explicó que los ánimos de los profesionales (médicos, kinesiólogos, psicólogos, enfermeros, técnicos) están siendo afectados y resentidos por el conflicto que atraviesa la salud.
Agregó además que el ámbito privado ya estuvo obrando con irregularidades, ya que el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial, entidad que depende también del gobierno, fue víctima de incumplimientos gubernamentales. En el pago de los honorarios a los médicos ya tienen varios meses de retraso.
Comentó del apoyo que recibe de sus familiares, de sus colegas y pacientes del establecimiento. Se refirió a sus hijos: “Preferirían que no haya tomado esta medida pero saben que el motivo es totalmente valedero y respetan mi decisión”.
“Confesó tener compañeros de trabajo que manifestaron su respaldo alegando que si la situación no se normalizaba en la semana, se adherirían a la huelga de hambre.”Tampoco es la intención, no es la idea crear una cadena manifestante para que seamos más y nos escuchen. Una huelga de hambre debería ser suficiente para que el gobierno se sensibilice por lo menos”, rescató Adriana.
Cuando se le preguntó acerca del apoyo de 0la sociedad contestó que “a veces la población no tiene conocimiento de muchas otras situaciones. No hay suficiente cantidad en profesionales que reemplacen a estos profesionales. No es que no quieran trabajar, sino que pedimos mejoras en las condiciones de trabajo. Porque nosotros no estamos solamente reclamando mejoras salariales, sino también tiene que ver con todas las condiciones, la precariedad de atención que hay”.
Los autoconvocados aspiran a crear una cadena de correos electrónicos y a través de los mensajes de textos, porque no toda la gente tiene acceso al internet. “Se ha creado una gran movida en todo el país. Yo estoy recibiendo llamadas de gente de otras provincias”, expresó.
Otro recurso que se está utilizando desde hace varios meses para informar es la huelga. “Entregamos panfletos en los que explicamos cuáles son nuestros motivos y cuál es la realidad de la salud pública. Más del 60 por ciento de la población de Santiago necesita del servicio”.
“Hay mucho miedo, sobre todo la gente tiene miedo de hablar. Por eso mi decisión de hacer esta huelga de hambre, para que la gente sepa que no debe tener miedo. Esta es una manera de enseñarles a las generaciones futuras que se sientan con derecho de expresar y de pelear por sus derechos como trabajadores y como ciudadanos”.
Fuente: Arena Politica
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