Editorial I
Detenido desde hace pocos días bajo la acusación de comandar una asociación ilícita que defraudó en varios millones a la administración municipal y promovió el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios, el ex intendente de Santiago del Estero Julio Alegre ha sufrido una escandalosa e impactante caída que, al principio, parecía obedecer a un repentino y raro ímpetu de la justicia santiagueña en pro de la transparencia.
Sin embargo, el verdadero motivo del estrepitoso derrumbe de Alegre parece haberse originado en fuertes diferencias políticas con el gobernador Gerardo Zamora, un radical K igual que Alegre.
Ambos fueron aliados hasta hace poco y el ex intendente parecía ser el delfín del gobernador, a quien había reemplazado en la intendencia capitalina. Alegre había triunfado en las elecciones del 28 del mes pasado, y si bien la investigación en su contra se había iniciado antes, se aceleró a partir del día siguiente, y poco después todas sus propiedades fueron allanadas. En las elecciones, Alegre se habría aproximado al radicalismo de José Zavalía, líder del Acuerdo Cívico Frente Unidad Popular.
Con la profusión de detalles que sólo llegan al periodismo cuando existe un fuerte interés político en su difusión, se supo que Alegre sería dueño de varias casas y departamentos en la capital provincial; de un chalet en Punta del Este que valdría 700.000 dólares y un departamento en el mismo balneario valuado en 100.000 dólares, y de dos camionetas y tres cuatriciclos (vehículos cuyos valores suman 240.000 dólares).
Alegre, de 39 años, habría empleado varios testaferros a quienes investiga la Justicia, con lo cual su fortuna podría ser mayor. El funcionario se habría valido, a su vez, de empleados municipales que cobraban altas sumas que no eran para ellos y figuraban como titulares de empresas que en realidad no les pertenecían, pues sólo existían en los papeles y servían de fachada.
Que este tipo de hechos ocurran en una de las provincias más pobres y postergadas del país adquiere ribetes aún más escandalosos. Y que se hayan desarrollado a la vista del poder político, la Justicia y la prensa local sin que no hayan reaccionado antes, más que llamar la atención, indigna. Porque es evidente que el enriquecimiento de Alegre no podía ser desconocido por nadie y cabe sospechar que pudo haber formado parte de una cadena más amplia de funcionarios que se han aprovechado del dinero de una provincia paupérrima y sin libertad de prensa. En este sentido, Zamora es cómplice de Alegre.
La endeblez que caracteriza a las instituciones de Santiago del Estero es una de las graves deudas de la gestión de Zamora, quien a poco de asumir promovió la suspensión de las leyes de ética pública, acceso a la información y transparencia.
La designación de jueces adictos al gobernador en el Tribunal Superior no es ningún secreto, así como las versiones en firme que mencionan la adquisición, por parte de allegados al gobernador, de parte de los paquetes accionarios de importantes medios de prensa de la provincia. Buena parte de los jueces se encuentran en comisión y pueden ser removidos, lo que les quita toda independencia.
En noviembre del año pasado nos referimos en estas columnas a esos graves déficits, y mencionamos también la preocupante falta de avances en la investigación del asesinato de Raúl Domínguez, funcionario de la Dirección General de Rentas provincial, quien, tras declarar como testigo en una causa por evasión al impuesto de sellos mediante timbrados falsos, fue secuestrado y luego, como un mensaje mafioso, su cadáver apareció mutilado.
El diputado provincial Francisco Cavallotti, quien fue abogado del ex caudillo Carlos Juárez, afirmó que "los concejales son partícipes necesarios de los delitos en los que ha incurrido Alegre", ya que si los ediles "hubiesen cumplido con su función como corresponde Alegre no hubiera robado como ha robado". El legislador opositor lamentó que en su provincia el Poder Judicial se encuentre "en comisión desde hace seis años".
En una provincia convertida en feudo y donde las prácticas juaristas parecen imperar sin necesidad de la presencia del matrimonio Juárez, todo atisbo de lucha contra la corrupción es bienvenido. La profundidad que alcance la investigación judicial sobre Alegre dará la pauta de si se trata sólo de un castigo judicial motorizado por el poder político a alguien que pudo haber traicionado lealtades políticas o si, por fin, estamos ante un despertar de la justicia provincial.
Detenido desde hace pocos días bajo la acusación de comandar una asociación ilícita que defraudó en varios millones a la administración municipal y promovió el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios, el ex intendente de Santiago del Estero Julio Alegre ha sufrido una escandalosa e impactante caída que, al principio, parecía obedecer a un repentino y raro ímpetu de la justicia santiagueña en pro de la transparencia.
Sin embargo, el verdadero motivo del estrepitoso derrumbe de Alegre parece haberse originado en fuertes diferencias políticas con el gobernador Gerardo Zamora, un radical K igual que Alegre.
Ambos fueron aliados hasta hace poco y el ex intendente parecía ser el delfín del gobernador, a quien había reemplazado en la intendencia capitalina. Alegre había triunfado en las elecciones del 28 del mes pasado, y si bien la investigación en su contra se había iniciado antes, se aceleró a partir del día siguiente, y poco después todas sus propiedades fueron allanadas. En las elecciones, Alegre se habría aproximado al radicalismo de José Zavalía, líder del Acuerdo Cívico Frente Unidad Popular.
Con la profusión de detalles que sólo llegan al periodismo cuando existe un fuerte interés político en su difusión, se supo que Alegre sería dueño de varias casas y departamentos en la capital provincial; de un chalet en Punta del Este que valdría 700.000 dólares y un departamento en el mismo balneario valuado en 100.000 dólares, y de dos camionetas y tres cuatriciclos (vehículos cuyos valores suman 240.000 dólares).
Alegre, de 39 años, habría empleado varios testaferros a quienes investiga la Justicia, con lo cual su fortuna podría ser mayor. El funcionario se habría valido, a su vez, de empleados municipales que cobraban altas sumas que no eran para ellos y figuraban como titulares de empresas que en realidad no les pertenecían, pues sólo existían en los papeles y servían de fachada.
Que este tipo de hechos ocurran en una de las provincias más pobres y postergadas del país adquiere ribetes aún más escandalosos. Y que se hayan desarrollado a la vista del poder político, la Justicia y la prensa local sin que no hayan reaccionado antes, más que llamar la atención, indigna. Porque es evidente que el enriquecimiento de Alegre no podía ser desconocido por nadie y cabe sospechar que pudo haber formado parte de una cadena más amplia de funcionarios que se han aprovechado del dinero de una provincia paupérrima y sin libertad de prensa. En este sentido, Zamora es cómplice de Alegre.
La endeblez que caracteriza a las instituciones de Santiago del Estero es una de las graves deudas de la gestión de Zamora, quien a poco de asumir promovió la suspensión de las leyes de ética pública, acceso a la información y transparencia.
La designación de jueces adictos al gobernador en el Tribunal Superior no es ningún secreto, así como las versiones en firme que mencionan la adquisición, por parte de allegados al gobernador, de parte de los paquetes accionarios de importantes medios de prensa de la provincia. Buena parte de los jueces se encuentran en comisión y pueden ser removidos, lo que les quita toda independencia.
En noviembre del año pasado nos referimos en estas columnas a esos graves déficits, y mencionamos también la preocupante falta de avances en la investigación del asesinato de Raúl Domínguez, funcionario de la Dirección General de Rentas provincial, quien, tras declarar como testigo en una causa por evasión al impuesto de sellos mediante timbrados falsos, fue secuestrado y luego, como un mensaje mafioso, su cadáver apareció mutilado.
El diputado provincial Francisco Cavallotti, quien fue abogado del ex caudillo Carlos Juárez, afirmó que "los concejales son partícipes necesarios de los delitos en los que ha incurrido Alegre", ya que si los ediles "hubiesen cumplido con su función como corresponde Alegre no hubiera robado como ha robado". El legislador opositor lamentó que en su provincia el Poder Judicial se encuentre "en comisión desde hace seis años".
En una provincia convertida en feudo y donde las prácticas juaristas parecen imperar sin necesidad de la presencia del matrimonio Juárez, todo atisbo de lucha contra la corrupción es bienvenido. La profundidad que alcance la investigación judicial sobre Alegre dará la pauta de si se trata sólo de un castigo judicial motorizado por el poder político a alguien que pudo haber traicionado lealtades políticas o si, por fin, estamos ante un despertar de la justicia provincial.
ACLARACION: Queremos interpretar que las declaraciones realizadas por el Dip. Cavallotti, cuando se refieren a los concejales, estan dirigidas a los Concejales Oficialistas del Bloque del Frente Civico por Santiago, ya que nuestro Bloque, desde el inicio de la presente gestion presento mas de 570 proyectos, de los cuales 88 estan referidos a pedidos de informes, es mas fuimos los unicos que nos presentamos ante la justicia a denunciar. "No todos somos los mismos"
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